Mouris Salloum George*
Para 2006, cuando la banca reprivatizada y desnacionalizada era una coqueta quinceañera, en su vaporoso atuendo de cumpleaños disimulaba los harapos guardados en el ropero del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), transferidos a la panza del Instituto Bancario de Protección al Ahorro (IPAB).
Ahí permanecen esos hilachos, con cargo a los contribuyentes mexicanos. El costo ronda en el billón de pesos.
Si mal no sumamos, el sistema de banca y crédito pretende ser regulado por un artículo constitucional rector, el 28; por más de 20 legislaciones mexicanas y sus reglamentos; un copioso inventario de reglas de operación, circulares, etcétera.
Dice ese cuerpo jurídico y reglamentario que de la regulación de ese sistema es responsable la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Desde aquí preguntamos a los comisionados de ese ente: ¿de veras los banqueros se ciñen escrupulosamente a aquellos instrumentos de regulación? Podemos esperar sentados la respuesta.
La solidez bancaria en México, a prueba de balas…
Por lo que acabamos de leer, los banqueros en México tienen un código de comunicación un tanto plástico: 1) La solidez de la banca mexicana es a prueba de balas, y 2) Se vale matar pulgas de diferente manera, sólo hay que hacerlo con cuidado. A prueba de balas; matar.
La confesión proviene de la voz del presidente saliente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez Gavica, en días previos a la reciente Convención Nacional Bancaria.
En el año que datamos en el inicio de esta entrega, un peritaje académico revelaba que el sistema reportaba una raquítica participación en el crédito bancario al sector privado. Su contribución, pues, en el Desarrollo Económico Nacional, era igual de precaria.
La participación en el fondeo del sector privado no era mayor del 35 por ciento cuando en Chile, por ejemplo, superaba el 100 por ciento.
El cliente preferente del sistema,es el gobierno. Un dato, no precisamente accesorio, informa que el monto de sus activos no cuadra con la dimensión de sus operaciones y sus ganancias.
México apalanca los balances bancarios de Madrid
Una década después, con datos oficiales se supo que el sistema es dominado por marcas extranjeras, en una lista en la que, en los tres primeros lugares, aparecen los corporativos españoles BBVA Bancomer y Santander, en una ecuación del poder de mercado de 70 puntos entre ambas entidades.
En los informes de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Bancarios y Financieros sobre los fraudes perpetrados entre 2017 y 2017 contra sus clientes, aquellas dos firmas aparecen en los primeros sitios.
Para 2015, el Consejo de Administración de BBVA Bancomer, desde su matriz madrileña, reconocía que al superávit de su balance anual concurría 45 por ciento de las ganancias de su oficina filial en México.
Ya para 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contabilizada en más de 240 mil millones de pesos el monto de las ganancias obtenidas en México por el conjunto de las instituciones bancarias en los dos ejercicios anteriores.
Ya nos saquearon, ¡no nos volverán a saquear!
Cuando López Portillo explicó el decreto de Expropiación Bancaria de 1982, sin cuantificar las cifras, aseguró que en un corto periodo México había sufrido un saqueo de sus riquezas superior al del saqueo durante tres siglos de Conquista y de Colonia. Ya nos saquearon, ¡No nos volverán a saquear!
La Conquista y la Colonia fueron obra de españoles a la sombra de la evangelización de América Latina. Ayer recordamos que, en 2007, el papa Benedicto XVI reconoció que no es posible ignorar los sufrimientos e injusticias infligidos por los colonizadores a las poblaciones indígenas, cuyos Derechos Humanos fueron pisoteados a menudo. Nos recordó aquello de La espada y la cruz.
Nuevos despojos territoriales a la orden del día
Desde hace más de veinte años, el Congreso de la Unión incorporó a la Constitución los derechos sociales, económicos y culturales de nuestras comunidades indígenas. Subrayó el derecho de los pueblos originarios a la consulta en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.
Con base en ese mandato, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sentenciar recursos de amparo interpuestos por comunidades indígenas y ejidales, aboga por su derecho a ser consultadas previamente cuando obras o servicios públicos afecten sus intereses patrimoniales.
En esas afectaciones -que configuran verdaderos despojos territoriales– comparten responsabilidad entes del Estado y corporativos privados, usufructuarios de concesiones, permisos o licencias para disponer de bienes públicos o sociales.
Esos actos de autoridad se dan básicamente en cesiones de superficies susceptibles a la exploración y explotación para actividades energéticas, entre las que sobresalen la generación de electricidad.
En la búsqueda del Nuevo Dorado mexicano
A partir de la crisis financiera internacional de 2008, contra lo que ocurría en periodos anteriores, en que intereses anglosajones estaban al acecho de los recursos naturales en México, se potenció la presencia en nuestro país empresas trasnacionales de España, que parecen reproducir la vieja leyenda de El dorado americano: Una especie de reconquista de México.
En el listado que nos remiten desde Madrid las alianzas corporativas de esas empresas del ramo, aparecen las denominaciones sociales, a saber: Repsol, Iberdrola, Abengoa, Acciona Energía, Fenosa, etcétera.
La primera de las nombradas, más interesada en la expansión de la red de expendios de gasolina, quién sabe si huachicoleada. Otras, en la energía eólica.
Ese último ramo se ha desarrollado primordialmente en estados con alta densidad demográfica indígena.
Según ese reporte, el conjunto de esas trasnacionales españolas tendría ya hacia 2018 una inversión de más de seis mil millones de dólares en México. Controlaría casi 40 por ciento de generación de fluido eléctrico. Debe ser muy rentable la inversión.
A cinco siglos de la destrucción de la Gran Tenochtitlán
Con proyecciones a 2020, ese entramado español controlaría mínimo 20 por ciento del mercado de energía interno. El sector telecomunicaciones está colocado en otro casillero.
Si mal no estamos enterados, 2020 antecede a 2021, en que se cumplen 500 años de la destrucción de la Gran Tenochtitlán.
